El silencio de casi todos

Hace unos días, por fin, pudimos ir a ver el documental El silencio de otros, de Almudena Carracedo y Robert Bahar. Digo "por fin" porque hacía tiempo que había oído que existía (es del año pasado) y me interesaba por muchos motivos. Para quienes no lo conozcan, es un recorrido de siete años por la vida de varias personas que fueron víctimas directas o indirectas de crímenes de lesa humanidad durante la guerra civil española o durante la dictadura de Francisco Franco y los años inmediatamente posteriores. No se limita al típico período 1936-1975 porque, como dice uno de los entrevistados, es absurdo pensar que a la muerte del dictador, en noviembre de 1975, se acabó todo de un plumazo: las estructuras y los mecanismos forjados y mantenidos durante treinta y nueve años siguieron funcionando durante un tiempo.
Las personas que protagonizan el documental fueron víctimas de delitos muy diversos, ninguno de ellos relacionado con el combate en situación de guerra. Una de ellas vio, con seis años de edad, cómo unos soldados, durante los años de la guerra, detenían arbitrariamente, torturaban y fusilaban a su madre. Fue enterrada en una fosa común con otras muchas. Esta mujer sabía que su madre estaba enterrada debajo de la carretera, pero los jueces no han autorizado la exhumación, ni siquiera en los cuarenta años de democracia que ya ha vivido España.
Otra mujer vio cómo se llevaban por la fuerza a su padre, ya terminada la guerra, y lo "desaparecían". Los rumores del pueblo indicaban que lo habían enterrado con otros muchos, también en una fosa. Al final del documental, y gracias a un larguísimo proceso judicial, se abre la fosa, sobre la cual se había construido un cementerio, y logra constatar que su padre estaba efectivamente enterrado allí con otros muchos ejecutados.
Uno de los protagonistas del documental fue detenido, ya en los años setenta, por organizar manifestaciones de oposición a la dictadura. Fue torturado durante cuarenta días en la Dirección General de Seguridad, un edificio que ahora está en pleno centro turístico de Madrid. Para mayor escarnio, a día de hoy sabe quién es su torturador y sabe dónde vive, en el mismo Madrid, y en el mismo barrio que él. Son muchas las personas que han denunciado a esa persona por torturas, pero la justicia española las rechaza todas, por los motivos que explico más abajo.
En el documental se narra también la historia de una mujer que, ya en 1981, ingresó en el hospital para dar a luz en La Línea (una ciudad al sur de España). Después del parto, el doctor tomó al bebé y salió de la estancia. Cuando volvió, le explicó que el recién nacido había muerto. Sin embargo, la mujer nunca recibió papeles oficiales que demostraran ese hecho. Pocos años después la misma mujer se enteró de que ese médico estaba implicado en una extensa red de robo de recién nacidos que funcionaba desde hacía décadas, es decir, que había empezado a actuar en época de Franco. Indagó un poco más y encontró a cientos de otras madres afectadas por el mismo delito. Creó una asociación y empezó a buscar formas de hacer justicia, puesto que el Estado español nunca ha respondido a sus preguntas sobre el asunto.
Como se ve, no se trata solo del horror de la guerra, sino de delitos de lesa humanidad cometidos durante y después de esa guerra, e incluso después de desaparecer Franco: asesinato de civiles indefensos, depuración ideológica, represión política con torturas, secuestro de menores... Sorprende a quienes no conocen la realidad española que todo esto no se abordara a su debido tiempo, como se hizo en la mayoría de los países latinoamericanos. Los españoles tuvieron, como muchos otros, una ley de amnistía en 1977 con la que se procuró restablecer la paz social lo antes posible y evitar que las posturas extremistas ganaran la pugna por el poder que había dejado vacante la muerte del dictador. De hecho, fueron los partidos netamente democráticos los que redactaron, promovieron y aprobaron esa ley: el partido que, en su momento, se consideraba heredero del régimen franquista se abstuvo en aquella votación.
Pasados los años, muchos años, aquel "pacto del olvido" sigue vigente en el corazón de la mayoría de la población española. Al contrario que otros países del mundo, España nunca revisó su ley de amnistía (ley protodemocrática y preconstitucional que podría derogarse con enorme facilidad), y nunca ha enjuiciado a todos los culpables, algunos aún vivos, de los crímenes de lesa humanidad y de la represión del régimen totalitario de Franco.
Esa negativa a derogar la ley de amnistía no es un capricho de una élite. La opinión pública española sigue defendiendo mayoritariamente la idea de que es mejor dejar tranquilo el pasado. Los diputados y senadores de los partidos tradicionales saben que ese es el sentir de sus electores y paralizan sistemáticamente las escasas iniciativas para legislar de una manera acorde con la justicia universal. Así, año tras año los afectados van desapareciendo. Quienes vivieron la guerra y aún viven tienen noventa años o más. Los represaliados, entre setenta y ochenta. Los presos políticos, detenidos arbitrariamente, torturados y demás, cincuenta y tantos o sesenta como mínimo. Con el pacto del olvido tan fuerte y tan asentado, es difícil que las generaciones venideras tomen el relevo y mantengan vivas las pruebas de los hechos denunciables. Poco a poco, todo aquello va cayendo en un olvido profundo, efectivo y, quizá, definitivo.
Es muy interesante ver cómo un país entero se persuade de que es mejor no revisar el pasado. La buena voluntad de los políticos de la transición se ha convertido, con el pasar de los años, en una condena para los damnificados por el régimen de Franco. Más allá del castigo a los culpables, que también están desapareciendo por causas naturales, a las víctimas se les ha negado, y se les sigue negando, el derecho al resarcimiento (lo que habitualmente se conoce como "daños y perjuicios") por parte del Estado, que al fin y al cabo es el responsable de aquellos delitos, cometidos en nombre del régimen. Esa negativa no solo deja indefensas a esas víctimas, sino que incumple la propia legislación española y, por supuesto, el derecho internacional, en virtud del cual los delitos de lesa humanidad no prescriben nunca. Así se lo han hecho saber las Naciones Unidas al Estado español en más de una ocasión, pero no ha habido reacción alguna, más allá de esgrimir la existencia de esa ley, la de amnistía de 1977, que supuestamente impide juzgar esos delitos. Pero esa ley no cumple los requisitos nacionales ni internacionales, pese a lo cual la inmensa mayoría de los legisladores españoles (tanto de la derecha como los de la izquierda) prefieren no derogarla.
El documental de Carracedo y Bahar es un excelente instrumento para abrir el debate y ponderar si merece la pena seguir defendiendo esa ley a capa y espada. Se ha emitido en España en varias ocasiones y parece que hay planes de divulgarla en escuelas, institutos y otros centros de enseñanza. Quizá con iniciativas como esta sea más fácil encontrar soluciones que satisfagan a todos y que eviten que España siga perdiendo ciudadanos que mueren sin que se les haya permitido ejercer su legítimo derecho a una justa reparación.